miércoles, 30 de septiembre de 2009

Taller sobre narcotráfico en América Latina



La Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), con el apoyo de Open Society Institute, ofrecerá del 19 al 21 de octubre, en la ciudad de México, el curso “Narcotráfico y violencia en las ciudades de América Latina: retos para el nuevo periodismo”.
Al fundamentar la necesidad de este seminario y taller, la FNPI explicó que “la información periodística que alimenta el debate del narcotráfico suele limitarse al registro de hechos policiales, sin abordar las múltiples facetas del fenómeno: desde su infiltración en los sistemas judiciales y la vinculación de los jóvenes a sus estructuras criminales, hasta los actos de captura del Estado, que ejercen las mafias a través de la presión que imponen para la aprobación de actos legislativos y otras políticas gubernamentales de su conveniencia”.
Ante ello, agregaron los organizadores, este seminario “busca contribuir a mejorar el nivel del debate público y la comprensión social de esta problemática que permea la institucionalidad democrática y la seguridad de las ciudades en América Latina”.
Las inscripciones están abiertas hasta el 7 de octubre. De ellas se seleccionará a 10 periodistas latinoamericanos, con al menos 3 años de experiencia en las áreas de justicia, seguridad o ciudad y que tengan especial interés en la investigación periodística del narcotráfico.
La matrícula del curso cuesta 100 dólares, pero los organizadores ofrecerán alojamiento, desayunos, almuerzos y hasta 600 dólares por boleto aéreo, entre otros apoyos económicos.
Para más información, consultar la página de la FNPI.

martes, 29 de septiembre de 2009

¿Venden Time, Fortune y People?


Silvia Pisani, corresponsal en EE.UU. de La Nación

WASHINGTON.- Es la ironía de la historia. En febrero último y con un titular en portada que rezaba "Cómo salvar a su periódico", la revista Time daba consejos a un negocio editorial y periodístico que, como buena parte de la economía de esta superpotencia, está en problemas. "Hay que cobrar por contenido; hay que cobrar por lo que se da", era la idea central.
Siete meses después, es posible que la propia revista necesite el consejo, ya que, pese a que se trata de uno de los emblemas del periodismo norteamericano, sus dueños admitieron que estudian la posibilidad de venderla para salvar las finanzas del resto del grupo editorial.
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"Es algo que posiblemente ocurra", dijo Gordon Crawford, ejecutivo de Capital Group, uno de los grupos propietarios del conglomerado editorial Time Warner, y, como tal, con acceso a su información estratégica.
Pero si bien el paso no está del todo claro, se maneja como posibilidad. Y, de concretarse, significaría que el grupo Time Warner se desprendería de marcas emblemáticas del negocio editorial impreso.
Entre ellas, la reconocida revista Time , y los taquilleros semanarios Fortune , de finanzas; People , de celebridades y tendencias sociales, y el deportivo Sport Illustrated .
"No me lo creo. No imagino a Time Warner sin su revista", era ayer el comentario entre periodistas locales.
Parte de las opiniones se recogieron cerca de la oficina de la revista. Cerca de allí, un local de la popular cadena de librerías Borders mostraba las tapas de Time que hicieron historia. Entre ellas, la que consagró a Barack Obama como hombre del año, antes de ganar las elecciones. "¿Por qué deshacerse de algo así?", era la pregunta.

Apuesta al entretenimiento
Crawford, el ejecutivo que admitió la posibilidad de la venta, lo justificó como algo estratégico. La idea sería deshacerse de la división de revistas para dedicar el dinero de la operación a "financiar la compra de empresas más relacionadas con [su] principal línea de negocio: la del entretenimiento", dijo.
Quienes sospechan de la historia recuerdan que, en los últimos tres meses, los ingresos de las publicaciones de Time , que es la principal editora de revistas de los Estados Unidos, bajaron un 22%, hasta los US$ 915 millones.
La caída fue atribuida a un descenso del 26% en las ventas de publicidad. El recorte en ese rubro ha sido bastante repetido desde que la economía de la superpotencia entró en fase de recesión. La editorial mantuvo silencio y no hizo comentarios formales tras la revelación de Crawford, que posee el 8% de las acciones del grupo.
Pero en el mundillo se dicen otras cosas. Y aquí la apuesta es que Time Warner posiblemente se desprenda de alguna de las 23 revistas que edita. "Un número tan alto que es difícil citar todas de memoria", ironizó un veterano conocedor del negocio, confiado en que en ese grupo de posible venta no estén los buques insignia; o sea: ni Time , ni People , ni Fortune ni Sports Illustrated .
El otro factor es el tiempo. "Puede que la idea esté en danza. Pero no es algo que verás de un día para el otro. Son marcas demasiado valiosas y su proceso de venta es complejo", apostó otro, convencido de que, en el peor de los casos, "pasarán años" antes de que se dé un paso al respecto. "¿Quién puede poner precio a la revista Time ?", se preguntó.
Es la propia revista la primera en admitir la "gravedad de la crisis" del negocio periodístico en los Estados Unidos. Lo hizo en aquella nota de portada de febrero último, que hoy tiene cierto tufillo profético.
Pero, no por eso, deja de reconocer la paradoja de un negocio con números en baja, pero clientes en alza. "Nunca, como ahora, la gente ha leído noticias", sostiene. El desafío, afirma, es encontrar la clave para cobrar por ello, sin perder al cliente.
En eso estaba Time, cuando la envolvió el rumor de su propia venta. Uno más en un año que, en este país y cuando la crisis arreciaba, sembró pánico en redacciones de publicaciones regionales.
A tal extremo fue el tembladeral que el Congreso llegó a considerar medidas para apoyar la industria periodística. "No veo cómo podríamos hacerlo", atajó Robert Gibbs, vocero de una Casa Blanca a la que llueven críticas republicanas por el nivel del gasto público y de los subsidios en que se empeñó para salvar otras industrias. "Algo hay que hacer. La prensa es vital para la democracia", insistió el ex candidato a la presidencia John Kerry.
Hablaba, sobre todo, de pequeñas publicaciones regionales asfixiadas por la crisis; no de grandes negocios.

lunes, 28 de septiembre de 2009

Ahora dicen que pueden desaparecer


Por Eduardo Blaustein
(Crítica de la Agentina)

Hay una escena en Blazing Saddles de Mel Brooks, en la que el comisario negro, para zafar del linchamiento de la horda blanca, hace una jugarreta a lo Bugs Bunny: se toma del cuello como si un villano lo estrangulara, se pone una pistola imaginaria en la sien, retrocede unos pocos pasos dramáticos tratando de zafar de su captor inexistente. Se muestra absolutamente indefenso, a punto de ser matado de un modo miserable. A ese estilo de Pato Lucas, lastimeramente diciendo adiós mundo cruel, me hizo recordar la campaña “TN puede desaparecer”.
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A esa vuelta del círculo hemos llegado en el debate por la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y mientras rueda la bola en el Senado, tengo ganas de retomar la discusión en el punto en que la dejó Reynaldo Sietecase en este diario cuando les pidió a ciertos políticos –lo pongo en mis palabras– que no finjan que cuidan nuestras libertades, las de los periodistas. Permitan que sume a los empresarios de medios.

Para empezar: esto no se trata del pequeño dramete de trece periodistas del cable y su elenco fijo de 37 políticos entrenados como perros para salivar en pantalla. Esto no es un tema de coyuntura para la sección Política. Esto no tiene que ver con el derecho a la información entendido como espectáculo o entretenimiento. El derecho a recibir y producir toda la comunicación y la cultura que necesitemos es un asunto que corresponde no sólo a los periodistas, sino que pertenece minuciosamente a cada uno de nosotros, y no como receptores tontitos esperando maná de la heroica raza de los periodistas, de esa “prensa” (dicen “prensa”, no dicen holdings) que lejos de la sinonimia con la transparencia republicana es baluarte de la opacidad de los poderes económicos, incluyendo las peores transacciones con la política y el Estado.

Para esta discusión, el pobre y muy manoseado concepto de “libertad de prensa” atrasa 200 años, por mucho amor, respeto y cariño que les pongamos a Mariano Moreno y la Revolución Francesa. Para esta discusión, no alcanza con enojarse con Ernesto Tenembaum “que defiende a Clarín” o con Víctor Hugo “que apoya al Gobierno”. Esto, con suerte y viento a favor, debería ir mucho más allá del estrecho presente histórico, del gobierno que nos toque deplorar o apoyar.

Esto tiene que ver con el mapa de las culturas que forjamos en tiempos largos. Casi el 70% de los programas de aire que circulan en toda la Argentina no son más que retransmisiones de lo que mandan los canales porteños. El 83% de esa producción corresponde a lo que emiten apenas dos canales de Buenos Aires: Telefe y Canal 13. Los datos corresponden a un seguimiento que viene haciendo regularmente el Comfer y reproducen viejos trabajos pioneros sobre porteñocentrismo hechos por dos de los mejores estudiosos de la comunicación masiva en la Argentina: Aníbal Ford y Margarita Graziano, ambos formadores de generaciones.

Otros dos de los mejores comunicólogos contemporáneos, Martín Becerra y Guillermo Mastrini, acaban de publicar un libro auspiciado por una institución de periodistas peruanos liberal-progres, Los dueños de la palabra, que dice que hacia 2004 sólo cuatro operadores de las industrias infocomunicacionales argentinas concentraban el 84% de la facturación y el 83% del dominio del mercado.

Va de nuevo: ésta debería ser una discusión estratégica sobre un problema de las sociedades contemporáneas de todo el mundo y de la sociedad global y de nuestro lugar en el mundo, un problema civilizatorio hoy y a futuro.

Esto tiene que ver –lo dice el primero de los 21 puntos de la Iniciativa Ciudadana por una Ley de Radiodifusión de la Democracia– con el derecho humano de buscar, investigar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas. Pero también tiene que ver con los impactos tecnológicos. Con el desarrollo económico. Con la integración territorial, social y cultural. Con un sentido extenso de cultura que incluye modos de vida, sistemas de valores, identidades, sentidos de pertenencia, proyectos de futuro. Con un mapa comunicacional que consolide o ayude a cerrar las fracturas sociales generadas por la brecha digital, se hable de acceso a la información, a la cultura o a la ciudadanía.

Sí, esto abarca a TN y al pánico que el Grupo Clarín transmite en su tropa. Pero también a Tinelli y la telebasura; a nuestro cine, nuestra música, nuestras industrias culturales; a nuestros modos de representarnos y discutir qué es lo primero que tenemos que discutir como sociedad; al triple play y los pueblos originarios; al satélite y el portuñol que se habla al este de Misiones; a lo que mira el reventado que se da con paco y el reventado que se da con información económica reservada; a las radios comunitarias o a la articulación entre las universidades y la gente. El buen derecho de un periodista de ganarse el sueldo puteando a un gobierno (¿a la empresa privada no?) es un pedacito, un poco ínfimo, del debate.

Hay otro modo de decirlo y es contrariando levemente al coqueto Caparrós de contratapa. El coqueto Caparrós, en estos días ha fingido elegante sorpresa por la centralidad de este debate (“como si el problema decisivo de la Argentina actual fuera quién maneja las radios y las televisiones”). Ha fingido hasta donde ha podido: pues dificultosamente, y tierno, terminó enseñando un cierto ¿entusiasmo? por el asunto, cosa que Caparrós difícilmente se permite y mucho menos delante de todo el mundo. Como que amenaza sugerir que hay, que debería haber, discusiones más trascendentes que ésta. Y claro que las hay. Pero con un problema: todas y cada una de las discusiones que tenemos las tenemos por los medios, en el paisaje, los lenguajes, los formatos de los medios que hoy tenemos, que, a veces, son un poco espantosos. Incluyendo a los que –ahora dicen– pueden desaparecer.

martes, 22 de septiembre de 2009

Prensa de EE.UU. sufre más pérdidas de empleo que el resto de la economía


Washington (EFE).- Los medios de comunicación en EE.UU. han perdido 35.885 empleos desde mediados de septiembre de 2008 y lo han hecho a un ritmo casi tres veces superior que el resto de la economía, según un informe divulgado hoy.
El "Rastreo de Despidos 2009", de la agrupación Unity, muestra que "la industria de las noticias supera notablemente las pérdidas en la economía en general", desde el colapso de Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008.

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El análisis señala que, en promedio, hubo un aumento del 22 por ciento en la pérdida de empleos de la industria del periodismo cada mes entre septiembre de 2008 y agosto pasado.
En cambio, la economía en general perdió puestos de trabajo a un ritmo de más del 8 por ciento cada mes durante ese mismo período.
"La industria de las noticias ha sufrido una hemorragia de pérdida de empleos desde mucho antes que la crisis económica comenzara el año pasado", dijo Onica N. Makwakwa, directora ejecutiva de Unity, en un comunicado.
"Estos números confirman que la caída de la economía ha golpeado a la industria de las noticias con gran dureza", agregó Makwakwa, cuyo grupo ha rastreado la pérdida de un total de 46.599 de empleos del sector del periodismo desde el 1 de enero de 2008.
El informe indicó que los despidos en el sector aumentaron considerablemente en diciembre de 2008, cuando se perdieron 7.398 empleos. Desde enero de 2008, han cerrado 201 medios.
Los datos de Unity muestran un "brusco" aumento de despidos en períodos en que deben presentarse los informes financieros trimestrales de empresas mediáticas cotizadas en bolsa.
"A medida que la industria de las noticias moldea un nuevo futuro y las compañías afrontan la tormenta financiera, es importante recordar que también se trata de la gente", dijo Makwakwa.
Unity, que aboga por la inclusión de periodistas pertenecientes a las minorías en los principales medios de comunicación estadounidenses, exhorta a las empresas a redoblar sus esfuerzos de capacitación para que los periodistas puedan hacer la transición al nuevo mundo mediático, dominado por internet y otros medios.

jueves, 17 de septiembre de 2009

Razones para oponerse



Por Reynaldo Sietecase
(Crítica de la Argentina)

Los dirigentes políticos que se oponen al proyecto de Ley de Medios Audiovisuales pueden utilizar múltiples argumentos:

Porque no creen que sea necesario modificar la ley de la dictadura militar (esta semana cumplió 26 años desde que la firmó Jorge Rafael Videla).

Porque piensan que no existen posiciones dominantes en el mercado de la comunicación y, en consecuencia, no hace falta regular nada.

Porque creen que lo de los monopolios es un verso.

Porque el cambio de reglas lo impulsa el gobierno nacional y no creen que nada que provenga del oficialismo pueda terminar en algo positivo.

Porque los antecedentes del kirchnerismo generan muchas dudas. Su política comunicacional se caracterizó, hasta ahora, por el desprecio a los periodistas, las prebendas para los grupos afines, la compra de medios y la manipulación de la pauta oficial para castigar o premiar a gusto.
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Porque están convencidos de que este Congreso no tiene la suficiente legitimidad para sancionar una ley tan importante y piensan que hay que aguardar hasta después del 10 de diciembre para que asuman los legisladores votados el 28 de junio pasado.

Porque creen que una ley es necesaria pero que en este caso no se contempló el tiempo suficiente para debatirla en profundidad.

Porque no creen que los debates que se mantuvieron en foros y universidades tengan valor alguno.

Porque el oficialismo no aceptó la dinámica de audiencias públicas en el interior del país. Porque el debate se desarrolla en medio de una confrontación sin precedentes entre el Gobierno y el principal grupo mediático de la Argentina.

Porque sospechan que el proyecto oficial les puede abrir la puerta al mercado de la comunicación a empresarios amigos de Néstor Kirchner (aunque quedó vedado el ingreso de las empresas telefónicas al mercado de los medios).

Porque están convencidos de que deben proteger a los grupos mediáticos que serán afectados en sus patrimonios por la nueva legislación.

Porque temen represalias de parte de estos medios si apoyan la nueva ley.

Porque, de aprobarse el proyecto, se obligará a las empresas a desprenderse en el término de un año de activos y esto viola derechos adquiridos.

Porque creen que el proyecto es inconstitucional.

Porque esto lo dijo Mariano Grondona y hay que saber escuchar al profesor, un especialista en violaciones a la Constitución.

Porque la norma no permite que un mismo propietario tenga un canal de aire y una emisora de cable en la misma región o zona.

Porque consideran que esa limitación es discriminatoria.

Porque acota a un 35 por ciento la cantidad de abonados de cada empresa de cable.

Porque restringe la producción audiovisual al autorizar solamente una señal de producción propia para cada operador.

Porque creen que no se consultó debidamente a los propietarios de licencias de radio y televisión.

Porque no están de acuerdo con que las entidades del llamado Tercer Sector (organizaciones no gubernamentales, parroquias, entidades gremiales, etc) tengan acceso a medios de comunicación.

Porque creen que de esta manera el Gobierno puede habilitar discrecionalmente licencias a organizaciones amigas.

Porque, a pesar de las modificaciones de último momento, creen que la autoridad de aplicación estará controlada por el Poder Ejecutivo.

Porque pretenden que el organismo que reemplace al actual Comité Federal de Radiodifusión sea un ente autárquico y federal.

Porque piensan que la autoridad de aplicación debe tener estricto control parlamentario.

Porque no acuerdan con el período de renovación de sus autoridades.

Podría seguir enumerando. Todas las razones para oponerse son válidas.

No importa si responden a posturas ideológicas, políticas sinceras o a posicionamientos empresarios. Pero hay un argumento inadmisible. En nombre de la mayoría de los trabajadores de prensa que queremos una nueva ley de medios audiovisuales democrática y plural, no digan más que se oponen a la ley en defensa de nuestra libertad de expresión. Ustedes y nosotros sabemos que no es cierto.