miércoles, 30 de septiembre de 2009

Taller sobre narcotráfico en América Latina



La Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), con el apoyo de Open Society Institute, ofrecerá del 19 al 21 de octubre, en la ciudad de México, el curso “Narcotráfico y violencia en las ciudades de América Latina: retos para el nuevo periodismo”.
Al fundamentar la necesidad de este seminario y taller, la FNPI explicó que “la información periodística que alimenta el debate del narcotráfico suele limitarse al registro de hechos policiales, sin abordar las múltiples facetas del fenómeno: desde su infiltración en los sistemas judiciales y la vinculación de los jóvenes a sus estructuras criminales, hasta los actos de captura del Estado, que ejercen las mafias a través de la presión que imponen para la aprobación de actos legislativos y otras políticas gubernamentales de su conveniencia”.
Ante ello, agregaron los organizadores, este seminario “busca contribuir a mejorar el nivel del debate público y la comprensión social de esta problemática que permea la institucionalidad democrática y la seguridad de las ciudades en América Latina”.
Las inscripciones están abiertas hasta el 7 de octubre. De ellas se seleccionará a 10 periodistas latinoamericanos, con al menos 3 años de experiencia en las áreas de justicia, seguridad o ciudad y que tengan especial interés en la investigación periodística del narcotráfico.
La matrícula del curso cuesta 100 dólares, pero los organizadores ofrecerán alojamiento, desayunos, almuerzos y hasta 600 dólares por boleto aéreo, entre otros apoyos económicos.
Para más información, consultar la página de la FNPI.

martes, 29 de septiembre de 2009

¿Venden Time, Fortune y People?


Silvia Pisani, corresponsal en EE.UU. de La Nación

WASHINGTON.- Es la ironía de la historia. En febrero último y con un titular en portada que rezaba "Cómo salvar a su periódico", la revista Time daba consejos a un negocio editorial y periodístico que, como buena parte de la economía de esta superpotencia, está en problemas. "Hay que cobrar por contenido; hay que cobrar por lo que se da", era la idea central.
Siete meses después, es posible que la propia revista necesite el consejo, ya que, pese a que se trata de uno de los emblemas del periodismo norteamericano, sus dueños admitieron que estudian la posibilidad de venderla para salvar las finanzas del resto del grupo editorial.
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"Es algo que posiblemente ocurra", dijo Gordon Crawford, ejecutivo de Capital Group, uno de los grupos propietarios del conglomerado editorial Time Warner, y, como tal, con acceso a su información estratégica.
Pero si bien el paso no está del todo claro, se maneja como posibilidad. Y, de concretarse, significaría que el grupo Time Warner se desprendería de marcas emblemáticas del negocio editorial impreso.
Entre ellas, la reconocida revista Time , y los taquilleros semanarios Fortune , de finanzas; People , de celebridades y tendencias sociales, y el deportivo Sport Illustrated .
"No me lo creo. No imagino a Time Warner sin su revista", era ayer el comentario entre periodistas locales.
Parte de las opiniones se recogieron cerca de la oficina de la revista. Cerca de allí, un local de la popular cadena de librerías Borders mostraba las tapas de Time que hicieron historia. Entre ellas, la que consagró a Barack Obama como hombre del año, antes de ganar las elecciones. "¿Por qué deshacerse de algo así?", era la pregunta.

Apuesta al entretenimiento
Crawford, el ejecutivo que admitió la posibilidad de la venta, lo justificó como algo estratégico. La idea sería deshacerse de la división de revistas para dedicar el dinero de la operación a "financiar la compra de empresas más relacionadas con [su] principal línea de negocio: la del entretenimiento", dijo.
Quienes sospechan de la historia recuerdan que, en los últimos tres meses, los ingresos de las publicaciones de Time , que es la principal editora de revistas de los Estados Unidos, bajaron un 22%, hasta los US$ 915 millones.
La caída fue atribuida a un descenso del 26% en las ventas de publicidad. El recorte en ese rubro ha sido bastante repetido desde que la economía de la superpotencia entró en fase de recesión. La editorial mantuvo silencio y no hizo comentarios formales tras la revelación de Crawford, que posee el 8% de las acciones del grupo.
Pero en el mundillo se dicen otras cosas. Y aquí la apuesta es que Time Warner posiblemente se desprenda de alguna de las 23 revistas que edita. "Un número tan alto que es difícil citar todas de memoria", ironizó un veterano conocedor del negocio, confiado en que en ese grupo de posible venta no estén los buques insignia; o sea: ni Time , ni People , ni Fortune ni Sports Illustrated .
El otro factor es el tiempo. "Puede que la idea esté en danza. Pero no es algo que verás de un día para el otro. Son marcas demasiado valiosas y su proceso de venta es complejo", apostó otro, convencido de que, en el peor de los casos, "pasarán años" antes de que se dé un paso al respecto. "¿Quién puede poner precio a la revista Time ?", se preguntó.
Es la propia revista la primera en admitir la "gravedad de la crisis" del negocio periodístico en los Estados Unidos. Lo hizo en aquella nota de portada de febrero último, que hoy tiene cierto tufillo profético.
Pero, no por eso, deja de reconocer la paradoja de un negocio con números en baja, pero clientes en alza. "Nunca, como ahora, la gente ha leído noticias", sostiene. El desafío, afirma, es encontrar la clave para cobrar por ello, sin perder al cliente.
En eso estaba Time, cuando la envolvió el rumor de su propia venta. Uno más en un año que, en este país y cuando la crisis arreciaba, sembró pánico en redacciones de publicaciones regionales.
A tal extremo fue el tembladeral que el Congreso llegó a considerar medidas para apoyar la industria periodística. "No veo cómo podríamos hacerlo", atajó Robert Gibbs, vocero de una Casa Blanca a la que llueven críticas republicanas por el nivel del gasto público y de los subsidios en que se empeñó para salvar otras industrias. "Algo hay que hacer. La prensa es vital para la democracia", insistió el ex candidato a la presidencia John Kerry.
Hablaba, sobre todo, de pequeñas publicaciones regionales asfixiadas por la crisis; no de grandes negocios.

lunes, 28 de septiembre de 2009

Ahora dicen que pueden desaparecer


Por Eduardo Blaustein
(Crítica de la Agentina)

Hay una escena en Blazing Saddles de Mel Brooks, en la que el comisario negro, para zafar del linchamiento de la horda blanca, hace una jugarreta a lo Bugs Bunny: se toma del cuello como si un villano lo estrangulara, se pone una pistola imaginaria en la sien, retrocede unos pocos pasos dramáticos tratando de zafar de su captor inexistente. Se muestra absolutamente indefenso, a punto de ser matado de un modo miserable. A ese estilo de Pato Lucas, lastimeramente diciendo adiós mundo cruel, me hizo recordar la campaña “TN puede desaparecer”.
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A esa vuelta del círculo hemos llegado en el debate por la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y mientras rueda la bola en el Senado, tengo ganas de retomar la discusión en el punto en que la dejó Reynaldo Sietecase en este diario cuando les pidió a ciertos políticos –lo pongo en mis palabras– que no finjan que cuidan nuestras libertades, las de los periodistas. Permitan que sume a los empresarios de medios.

Para empezar: esto no se trata del pequeño dramete de trece periodistas del cable y su elenco fijo de 37 políticos entrenados como perros para salivar en pantalla. Esto no es un tema de coyuntura para la sección Política. Esto no tiene que ver con el derecho a la información entendido como espectáculo o entretenimiento. El derecho a recibir y producir toda la comunicación y la cultura que necesitemos es un asunto que corresponde no sólo a los periodistas, sino que pertenece minuciosamente a cada uno de nosotros, y no como receptores tontitos esperando maná de la heroica raza de los periodistas, de esa “prensa” (dicen “prensa”, no dicen holdings) que lejos de la sinonimia con la transparencia republicana es baluarte de la opacidad de los poderes económicos, incluyendo las peores transacciones con la política y el Estado.

Para esta discusión, el pobre y muy manoseado concepto de “libertad de prensa” atrasa 200 años, por mucho amor, respeto y cariño que les pongamos a Mariano Moreno y la Revolución Francesa. Para esta discusión, no alcanza con enojarse con Ernesto Tenembaum “que defiende a Clarín” o con Víctor Hugo “que apoya al Gobierno”. Esto, con suerte y viento a favor, debería ir mucho más allá del estrecho presente histórico, del gobierno que nos toque deplorar o apoyar.

Esto tiene que ver con el mapa de las culturas que forjamos en tiempos largos. Casi el 70% de los programas de aire que circulan en toda la Argentina no son más que retransmisiones de lo que mandan los canales porteños. El 83% de esa producción corresponde a lo que emiten apenas dos canales de Buenos Aires: Telefe y Canal 13. Los datos corresponden a un seguimiento que viene haciendo regularmente el Comfer y reproducen viejos trabajos pioneros sobre porteñocentrismo hechos por dos de los mejores estudiosos de la comunicación masiva en la Argentina: Aníbal Ford y Margarita Graziano, ambos formadores de generaciones.

Otros dos de los mejores comunicólogos contemporáneos, Martín Becerra y Guillermo Mastrini, acaban de publicar un libro auspiciado por una institución de periodistas peruanos liberal-progres, Los dueños de la palabra, que dice que hacia 2004 sólo cuatro operadores de las industrias infocomunicacionales argentinas concentraban el 84% de la facturación y el 83% del dominio del mercado.

Va de nuevo: ésta debería ser una discusión estratégica sobre un problema de las sociedades contemporáneas de todo el mundo y de la sociedad global y de nuestro lugar en el mundo, un problema civilizatorio hoy y a futuro.

Esto tiene que ver –lo dice el primero de los 21 puntos de la Iniciativa Ciudadana por una Ley de Radiodifusión de la Democracia– con el derecho humano de buscar, investigar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas. Pero también tiene que ver con los impactos tecnológicos. Con el desarrollo económico. Con la integración territorial, social y cultural. Con un sentido extenso de cultura que incluye modos de vida, sistemas de valores, identidades, sentidos de pertenencia, proyectos de futuro. Con un mapa comunicacional que consolide o ayude a cerrar las fracturas sociales generadas por la brecha digital, se hable de acceso a la información, a la cultura o a la ciudadanía.

Sí, esto abarca a TN y al pánico que el Grupo Clarín transmite en su tropa. Pero también a Tinelli y la telebasura; a nuestro cine, nuestra música, nuestras industrias culturales; a nuestros modos de representarnos y discutir qué es lo primero que tenemos que discutir como sociedad; al triple play y los pueblos originarios; al satélite y el portuñol que se habla al este de Misiones; a lo que mira el reventado que se da con paco y el reventado que se da con información económica reservada; a las radios comunitarias o a la articulación entre las universidades y la gente. El buen derecho de un periodista de ganarse el sueldo puteando a un gobierno (¿a la empresa privada no?) es un pedacito, un poco ínfimo, del debate.

Hay otro modo de decirlo y es contrariando levemente al coqueto Caparrós de contratapa. El coqueto Caparrós, en estos días ha fingido elegante sorpresa por la centralidad de este debate (“como si el problema decisivo de la Argentina actual fuera quién maneja las radios y las televisiones”). Ha fingido hasta donde ha podido: pues dificultosamente, y tierno, terminó enseñando un cierto ¿entusiasmo? por el asunto, cosa que Caparrós difícilmente se permite y mucho menos delante de todo el mundo. Como que amenaza sugerir que hay, que debería haber, discusiones más trascendentes que ésta. Y claro que las hay. Pero con un problema: todas y cada una de las discusiones que tenemos las tenemos por los medios, en el paisaje, los lenguajes, los formatos de los medios que hoy tenemos, que, a veces, son un poco espantosos. Incluyendo a los que –ahora dicen– pueden desaparecer.

martes, 22 de septiembre de 2009

Prensa de EE.UU. sufre más pérdidas de empleo que el resto de la economía


Washington (EFE).- Los medios de comunicación en EE.UU. han perdido 35.885 empleos desde mediados de septiembre de 2008 y lo han hecho a un ritmo casi tres veces superior que el resto de la economía, según un informe divulgado hoy.
El "Rastreo de Despidos 2009", de la agrupación Unity, muestra que "la industria de las noticias supera notablemente las pérdidas en la economía en general", desde el colapso de Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008.

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El análisis señala que, en promedio, hubo un aumento del 22 por ciento en la pérdida de empleos de la industria del periodismo cada mes entre septiembre de 2008 y agosto pasado.
En cambio, la economía en general perdió puestos de trabajo a un ritmo de más del 8 por ciento cada mes durante ese mismo período.
"La industria de las noticias ha sufrido una hemorragia de pérdida de empleos desde mucho antes que la crisis económica comenzara el año pasado", dijo Onica N. Makwakwa, directora ejecutiva de Unity, en un comunicado.
"Estos números confirman que la caída de la economía ha golpeado a la industria de las noticias con gran dureza", agregó Makwakwa, cuyo grupo ha rastreado la pérdida de un total de 46.599 de empleos del sector del periodismo desde el 1 de enero de 2008.
El informe indicó que los despidos en el sector aumentaron considerablemente en diciembre de 2008, cuando se perdieron 7.398 empleos. Desde enero de 2008, han cerrado 201 medios.
Los datos de Unity muestran un "brusco" aumento de despidos en períodos en que deben presentarse los informes financieros trimestrales de empresas mediáticas cotizadas en bolsa.
"A medida que la industria de las noticias moldea un nuevo futuro y las compañías afrontan la tormenta financiera, es importante recordar que también se trata de la gente", dijo Makwakwa.
Unity, que aboga por la inclusión de periodistas pertenecientes a las minorías en los principales medios de comunicación estadounidenses, exhorta a las empresas a redoblar sus esfuerzos de capacitación para que los periodistas puedan hacer la transición al nuevo mundo mediático, dominado por internet y otros medios.

jueves, 17 de septiembre de 2009

Razones para oponerse



Por Reynaldo Sietecase
(Crítica de la Argentina)

Los dirigentes políticos que se oponen al proyecto de Ley de Medios Audiovisuales pueden utilizar múltiples argumentos:

Porque no creen que sea necesario modificar la ley de la dictadura militar (esta semana cumplió 26 años desde que la firmó Jorge Rafael Videla).

Porque piensan que no existen posiciones dominantes en el mercado de la comunicación y, en consecuencia, no hace falta regular nada.

Porque creen que lo de los monopolios es un verso.

Porque el cambio de reglas lo impulsa el gobierno nacional y no creen que nada que provenga del oficialismo pueda terminar en algo positivo.

Porque los antecedentes del kirchnerismo generan muchas dudas. Su política comunicacional se caracterizó, hasta ahora, por el desprecio a los periodistas, las prebendas para los grupos afines, la compra de medios y la manipulación de la pauta oficial para castigar o premiar a gusto.
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Porque están convencidos de que este Congreso no tiene la suficiente legitimidad para sancionar una ley tan importante y piensan que hay que aguardar hasta después del 10 de diciembre para que asuman los legisladores votados el 28 de junio pasado.

Porque creen que una ley es necesaria pero que en este caso no se contempló el tiempo suficiente para debatirla en profundidad.

Porque no creen que los debates que se mantuvieron en foros y universidades tengan valor alguno.

Porque el oficialismo no aceptó la dinámica de audiencias públicas en el interior del país. Porque el debate se desarrolla en medio de una confrontación sin precedentes entre el Gobierno y el principal grupo mediático de la Argentina.

Porque sospechan que el proyecto oficial les puede abrir la puerta al mercado de la comunicación a empresarios amigos de Néstor Kirchner (aunque quedó vedado el ingreso de las empresas telefónicas al mercado de los medios).

Porque están convencidos de que deben proteger a los grupos mediáticos que serán afectados en sus patrimonios por la nueva legislación.

Porque temen represalias de parte de estos medios si apoyan la nueva ley.

Porque, de aprobarse el proyecto, se obligará a las empresas a desprenderse en el término de un año de activos y esto viola derechos adquiridos.

Porque creen que el proyecto es inconstitucional.

Porque esto lo dijo Mariano Grondona y hay que saber escuchar al profesor, un especialista en violaciones a la Constitución.

Porque la norma no permite que un mismo propietario tenga un canal de aire y una emisora de cable en la misma región o zona.

Porque consideran que esa limitación es discriminatoria.

Porque acota a un 35 por ciento la cantidad de abonados de cada empresa de cable.

Porque restringe la producción audiovisual al autorizar solamente una señal de producción propia para cada operador.

Porque creen que no se consultó debidamente a los propietarios de licencias de radio y televisión.

Porque no están de acuerdo con que las entidades del llamado Tercer Sector (organizaciones no gubernamentales, parroquias, entidades gremiales, etc) tengan acceso a medios de comunicación.

Porque creen que de esta manera el Gobierno puede habilitar discrecionalmente licencias a organizaciones amigas.

Porque, a pesar de las modificaciones de último momento, creen que la autoridad de aplicación estará controlada por el Poder Ejecutivo.

Porque pretenden que el organismo que reemplace al actual Comité Federal de Radiodifusión sea un ente autárquico y federal.

Porque piensan que la autoridad de aplicación debe tener estricto control parlamentario.

Porque no acuerdan con el período de renovación de sus autoridades.

Podría seguir enumerando. Todas las razones para oponerse son válidas.

No importa si responden a posturas ideológicas, políticas sinceras o a posicionamientos empresarios. Pero hay un argumento inadmisible. En nombre de la mayoría de los trabajadores de prensa que queremos una nueva ley de medios audiovisuales democrática y plural, no digan más que se oponen a la ley en defensa de nuestra libertad de expresión. Ustedes y nosotros sabemos que no es cierto.

miércoles, 16 de septiembre de 2009

La credibilidad de la prensa EE.UU. cae a su nivel más bajo en 20 años


Por Eduardo Kragelund

La credibilidad de los medios de comunicación estadounidenses se está viniendo a pique.
Según un estudio revelado esta semana por The Pew Research Center for the People & Press., dos de cada tres estadounidenses cree que las historias que leen, ven y escuchan en los medios carecen, a menudo, de rigor y precisión. Concretamente, sólo el 29% piensa que los medios presentan los hechos correctamente, mientras que el 63% dice que las noticias suelen ser inexactas. En el estudio inicial del Pew Research Center sobre el desempeño de los medios de comunicación, realizado en 1985, el 55% dijo que las noticias eran consideradas exactas, en tanto que el 34% las calificó de inexactas.
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La encuesta, a la que respondieron 1.506 adultos por teléfono a fines de julio, indica que casi las tres cuartas partes (74%) de los entrevistados afirma que los medios de comunicación tienden a favorecer a una de las partes en el tratamiento de las cuestiones políticas y sociales, mientras que sólo el 18% dice que tratan de forma justa a todas las partes. En el 2007, los que pensaban que la prensa se inclinaba hacia una de las partes sumaban el 66 % y en 1985 el 53%.
Junto con ello, el informe indicó que cayó a sus mínimos históricos el porcentaje de los estadounidenses que cree que las organizaciones noticiosas son independientes de los poderosos o de las grandes corporaciones (20 %) y el e los que piensan que los medios están dispuestos a admitir sus errores (21 %).
Respecto a la cobertura de la actividad presidencial, seis de cada diez estadounidenses (62 %) dice que los medios de comunicación son justos con la administración de Barak Obama, mientras que el 23 % sostiene que son injustos. De ellos, casi tres cuartas partes de los republicanos (73%) dice que la cobertura de la administración es justa, porcentaje que se reduce entre los demócratas (54 %) y los independientes (67 %).

The Pew Research Center recordó que, históricamente, los miembros del partido que controla la Casa Blanca han sido menos propensos a ver la cobertura de la administración como justa. En noviembre del 2005, por ejemplo, el 50% de la población dijo que la cobertura de George W. Bush era justa. Mientras que cerca de dos tercios de los demócratas (68%) consideraba la cobertura como justa, apenas un cuarto de los republicanos (25%) estuvo de acuerdo.

La encuesta señaló que la televisión sigue siendo la fuente de información más popular: el 71 % de los encuestados dijo que se entera de noticias nacionales e internacionales a través de ese medio. Le siguen Internet (42 %), los periódicos (33 %) y la radio (21 %), según los encuestados, quienes pudieron optar por más de una fuente.

Esto mantiene la tendencia registrada en diciembre pasado, cuando por primera vez un sondeo del Pew Research Center registró que más gente se había informado de noticias nacionales e internacionales a través de internet que mediante los periódicos tradicionales. En donde los diarios mantienen su ventaja por encima de internet es en las noticias locales: el 41% prefiere como fuente informativa a los primeros, mientras que sólo el 17 % busca ese tipo de noticias en línea.
Pese a las críticas que se desprenden del sondeo, la mayoría de los estadounidenses (59%) calificó a los medios de comunicación como "muy profesionales". La cifra, no obstante, muestra una baja sensible respecto al 2007 y a 1985, cuando la prensa era vista como muy profesional por el 66 % y el 72 %, respectivamente.

Para más información, vea los resultados de la encuesta (en inglés).

sábado, 12 de septiembre de 2009

Reclaman cláusula de conciencia para los periodistas



El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) ve con preocupación la creciente restricción a la autonomía de los periodistas en varios medios de comunicación, tanto privados como públicos, a raíz de la polémica sobre el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
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Los intereses económicos de las empresas periodísticas, la dependencia de la publicidad oficial en una gran cantidad de medios y el rol activo de periodistas/funcionarios en el control de la información en medios estatales, son los más evidentes obstáculos para el desarrollo de la necesaria libertad de opinión en las redacciones, base fundamental de la pluralidad de ideas que permiten el debate democrático.

Los directivos de las empresas periodísticas tienen todo el derecho de utilizar los espacios editoriales para expresar la opinión institucional. Pero lo que no pueden es exigir a sus periodistas que degraden su trabajo profesional para ponerse al servicio de sus intereses, ya que la libertad de conciencia de los periodistas debe ser respetada. Asimismo, la sociedad tiene derecho a recibir información certera y plural, y a poder distinguirla de una estrategia editorial.

Es por ello que desde Fopea promovemos la revitalización de la cláusula de conciencia profesional, la que pese a haber sido reconocida como un derecho por el Estatuto Profesional del Periodista, no ha tenido prácticamente aplicación en la historia de nuestra profesión.

Esta situación vulnera preceptos básicos del periodismo, plasmados en los siguientes artículos del Código de Ética de Fopea, elaborado en 2006:

14. La información debe ser claramente distinguida de la opinión.

21. Los periodistas jamás deben prestarse a realizar operaciones de prensa ni a difundir información tendenciosa. Si una información de interés público proviniera de una operación de prensa, corresponde aclarar su origen.

30. Ningún periodista puede ser obligado a firmar un trabajo profesional que contradiga sus valores y creencias. De la misma manera, los periodistas no pueden aducir que fueron obligados a violar normas éticas.

Asimismo, tiene un fuerte impacto en la calidad profesional, si se tienen en cuenta los siguientes ítems del Compromiso de Parámetros Mínimos de Calidad Profesional elaborado en 2007 por Fopea:

3 – Agenda

La prioridad en la fijación de la agenda periodística será el respeto y el fortalecimiento de la democracia, la honestidad, el pluralismo, la tolerancia ante el disenso y la obligación de brindar información útil a la sociedad. La agenda nunca debe ser establecida por conceptos o intereses que no sean periodísticos.

4 – Transparencia

El público tiene derecho a conocer los criterios periodísticos sobre los motivos por los que se publica o no una determinada noticia. El derecho de los pueblos a estar informados debe ser atendido de modo prioritario, por encima de intereses económicos, políticos, empresariales, profesionales o sectoriales de cualquier grupo o persona.

D) Responsabilidades de las empresas periodísticas

1- La información debe estar claramente distinguida de la publicidad y las noticias de la opinión de la empresa.

2- La actividad comercial de la empresa no debe condicionar el trabajo de sus periodistas. Es recomendable la total independencia entre los departamentos comerciales y el quehacer periodístico.

6- Las empresas periodísticas deben sobreponer el interés público al propio, entendiendo a la información no como una mercancía sino como un bien social. Y actuar en consecuencia.

Foro de Periodismo Argentino

miércoles, 9 de septiembre de 2009

Periodistas piden garantizar el derecho a informar y ser informados


El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) considera imprescindible el debate que se está dando en la sociedad y en el Congreso de la Nación en torno a la necesidad de tener una nueva norma que regule a los medios audiovisuales para fomentar el pluralismo y la libertad de expresión. Creemos que el debate legislativo debe ser profundo y sin plazos pre-establecidos desde ningún sector, e instamos al Gobierno y a la oposición a lograr un amplio consenso, en un tema que creemos debería ser una política de Estado. La ley definitiva debe ser socialmente confiable, base de sustento indispensable para su pacifico acatamiento. Sería importante que se tengan en cuenta ideas y propuestas del resto de los proyectos que todavía tienen estado parlamentario. La deuda en la materia alcanza a todos los sectores que gobernaron la Argentina y es responsabilidad de todos subsanar esta falencia de la democracia.
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Durante toda la historia de la radio y la televisión argentina, los mecanismos poco transparentes para la gestión de las licencias han sido la principal restricción para el desarrollo del periodismo profesional. Esto ha generado que la calidad de la información que los ciudadanos recibieron y reciben, eje de la tarea de Fopea, esté condicionada en muchos casos por acuerdos entre poderes políticos y directivos de medios, concretados a espaldas de la ciudadanía.

Como organización profesional de periodistas defendemos los valores esenciales de la democracia, la honestidad, el pluralismo y la tolerancia (Código de Ética de Fopea), y sostenemos que la información es un derecho humano básico que debe ser garantizado por el Estado.

Por eso, Fopea considera que se debe hacer todo lo posible para fomentar un nuevo marco regulatorio y que éste sea efectivamente respetado por el Estado y los licenciatarios, en beneficio de toda la comunidad.

Después de una consulta a sus 270 socios en todo el país, de convocar a varias reuniones con expertos y de organizar conferencias abiertas en las que participaron representantes de distintos sectores involucrados, Fopea definió 16 puntos que impulsará ante los legisladores y la sociedad para que sean incorporados a la nueva legislación.

Estos puntos son los siguientes:

Creemos que para garantizar la calidad y la pluralidad de la información que se brinda a través de los medios, la ley debería contemplar la exigencia de que todos los medios audiovisuales cuenten con una estructura de noticiero y programas periodísticos propios -- solventados con recursos genuinos del licenciatario--, y con periodistas profesionales en relación de dependencia, cumpliendo con todas las obligaciones laborales y seguridad social, y de acuerdo al Estatuto del Periodista Profesional.
Proponemos que a los licenciatarios se les exija, al presentarse a una licitación, un código de ética, lineamientos de estándares profesionales y un código de conducta empresaria. Asimismo, deben comprometerse a la financiación y organización de la capacitación permanente de sus periodistas. Todas estas pautas para garantizar la calidad periodística deben poder ser demostrables. El incumplimiento de estos compromisos debe ser considerado una falta grave.
Sugerimos que la ley disponga que cada medio designe un Defensor del oyente o del televidente, de acuerdo al modelo de la Asociación Internacional de Ombudsman, considerando las categorías de medios que disponga la norma.

Debería exigirse a los licenciatarios prácticas de Responsabilidad Social Empresaria evaluables por Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajen en la materia en el área específica.

Creemos que hay que evitar la conformación de monopolios u oligopolios públicos o privados, porque entiende que esto afecta la pluralidad y la calidad de la información que se brinda a los ciudadanos, y las condiciones del ejercicio de la profesión.
Sostenemos que se deben promover el federalismo y la generación de contenidos locales. Para ello, se deberán generar mecanismos que limiten la abrumadora presencia de contenidos emitidos desde Buenos Aires hacia el resto del país. Asimismo, se deberán contemplar mecanismos de financiación para la producción de programas periodísticos en cada provincia. Esas políticas de financiamiento deberán ser transparentes y no ser utilizadas para condicionar la independencia profesional.
Creemos que el Estado debe garantizar a toda la ciudadanía la provisión gratuita de una cantidad considerable de señales de canales y radios en todo el territorio nacional. Asimismo, debe generar una política para las emisoras de frontera que garanticen la emisión mayoritaria de señales argentinas. Avalamos, también, la propuesta de implantar un abono social, en los servicios de radiodifusión por suscripción, acorde al lugar de emplazamiento de cada señal.
Consideramos que los medios estatales deben ser públicos y no gubernamentales. En pos de este objetivo, sus autoridades deberán ser designadas por concurso y su gestión no deberá recibir interferencias del poder político de turno. Los noticieros y otros programas periodísticos deberán reflejar el pluralismo y la diversidad de voces existentes en la sociedad. Esta obligación es mayor aun en los medios estatales, por manejar recursos de todos los ciudadanos.
Proponemos que la autoridad regulatoria sea un organismo técnico independiente y autárquico del Estado y autónomo de los partidos políticos, que se encuentre sometido a las garantías del debido proceso y al control judicial, tal como señala el Informe 2008 de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA. Debería estar conducido por un Directorio designado por concurso, en términos similares al decreto presidencial 222/03, que incluya una evaluación pública de antecedentes y una posterior aprobación legislativa. Este Directorio debe tener representación federal, y sus delegaciones regionales o provinciales deben tener capacidad operativa suficiente para cumplir los objetivos de la ley.
Sugerimos que los criterios de selección de los miembros de la autoridad de aplicación estén vinculados a los antecedentes democráticos de los aspirantes; la experiencia en medios de comunicación o entidades afines; la formación conceptual sobre el pluralismo informativo, el regionalismo, las expresiones culturales múltiples y la ética periodística; el conocimiento sobre la legislación internacional vigente; y la exposición de un plan de trabajo plurianual.
Apoyamos la generación de condiciones que impidan el manejo arbitrario de la adjudicación y control de las licencias. Los mecanismos deben ser públicos y transparentes. Asimismo, alentamos la realización de audiencias públicas en el proceso de adjudicación y renovación de las licencias.
Sugerimos la confección de un informe sobre la situación legal de las emisoras de radio, televisión y de cable (Ver punto D) 7 del Compromiso de los socios de Fopea con Parámetros Mínimos de Calidad Profesional), a cargo de una Comisión específica a crearse, tomando como referencia la experiencia de Ecuador. Allí, a fines de 2008 se creó una Comisión de Auditoría de Concesión de Frecuencias de Radio y Televisión, integrada por personalidades independientes, que tras un exhaustivo trabajo de seis meses, elaboró un informe muy completo que está sirviendo para sacar finalmente de la oscuridad un tema de enorme interés público, y además mejorar la calidad del debate, pues pone la información a disposición de todos.
Acordamos con la propuesta de reservar un tercio de las frecuencias que se asignen en cada distrito, a universidades y organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, creemos que en el sector comercial debe promoverse la existencia de empresas periodísticas pequeñas y medianas, y no sólo de las más grandes.
En lo que respecta al propuesto Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, sugerimos que sus conclusiones sean vinculantes y solicitamos una mayor presencia de asociaciones profesionales, sindicatos e instituciones universitarias relacionadas con la actividad periodística en su integración.
Creemos que es complementario con los objetivos de esta ley la aprobación de una norma que regule la forma en que el Estado, en todos sus niveles, asigna la pauta publicitaria oficial.
En el marco de debate que se abrió con este proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, promovemos la derogación de las sanciones penales por calumnias e injurias, que pueden ser utilizadas como “leyes mordaza” y que contradicen el espíritu de lo señalado en el texto en debate.
Teniendo en cuenta que en los principios generales de esta ley figura un acceso más democrático a los medios y la ratificación del derecho humano a la información, creemos necesaria la sanción de una legislación amplia (nacional, provincial y municipal) que garantice el acceso a la información pública.
Para evitar un excesivo margen de discrecionalidad en la reglamentación de la ley por el PEN, sugerimos especificar lo más posible su articulado a partir de los consensos alcanzados en el Congreso de la Nación, en especial respecto de la conformación de la autoridad regulatoria. Asimismo, pedimos que el Poder Ejecutivo respete sin distorsiones el texto que sea sancionado en el Congreso al reglamentarlo.

domingo, 6 de septiembre de 2009

Nueva ley de radiodifusion: ¿más o menos libertad de expresión?

5 millones de dólares para innovadores en periodismo digital



Hasta el 15 de octubre están abiertas las inscripciones para la versión 2010 del Knight News Challenge, patrocinado por la Fundación John S. y James L. Knight. El concurso entregará hasta 5 millones de dólares a iniciativas que usen experimentos digitales para transformar las noticias comunitarias.
El Knight News Challenge está abierto a participantes de todo el mundo y tiene tres reglas. “Los proyectos deben ser usar tecnología digital de código abierto (open source), distribuir noticias de interés público y ser testeados en una comunidad local”.
El concurso, ya en su cuarto año, ha premiado a la fecha 35 trabajos de un total de 7 mil postulaciones. Entre los ganadores figuran jóvenes veinteañeros, el inventor de la World Wide Web y el experimento de noticias hiperlocales Everyblock.com, que recientemente fue adquirido por MSNBC.com.
Vea la lista de ganadores del Knight News Challenge de 2007, 2008 y 2009.
Los postulantes pueden presentar sus propuestas en dos categorías, "abierta" o "cerrada". La primera es para los trabajos que podrán ser vistos y comentados por el público; la segunda, para proyectos que no están listos para ser difundidos públicamente.
Para más informaciones, vea este video en el que la Fundación Knight describe el News Challenge. También puede leer las preguntas frecuentes e inscribirse en chats en vivo programados para el 9 de septiembre y el 7 de octubre.
Los formularios de inscripción están disponibles aquí.

Knight Center for Journalism

miércoles, 2 de septiembre de 2009

Becas para periodistas latinoamericanos



La Red Internacional de Periodistas (IJNet, por su nombre en inglés) destaca las siguientes oportunidades para que periodistas estudien en el extranjero y para que reporteros menores de 25 años participen en un concurso internacional.

* Periodistas de América Latina pueden postular a becas en estudios de cooperación internacional en la Universidad San Buenaventura en Cartagena, Colombia. El programa se realizará entre febrero y diciembre de 2010 y las becas cubrirán la mitad de la matrícula para 10 estudiantes. Vea más detalles aquí y el formulario de inscripción aquí.

* Están disponibles becas para latinoamericanos en universidades de Andalucía, España, incluidos profesores, investigadores y estudiantes de postgrado. Más de 140 becas internacionales promueven el intercambio entre universidades andaluzas y latinoamericanas. Vea la nota de IJNet y la convocatoria oficial.

* Periodistas jóvenes de habla hispana pueden enviar sus trabajos sobre libertad a un concurso organizado por el Grupo Salinas de México. El concurso conmemora el vigésimo aniversario de la caída del Muro de Berlín y entregará varios premios en efectivo. Las postulaciones cierran el 30 de septiembre. Para más información, lea esta nota y visite este sitio web.
Para otra oportunidades de capacitación, visite el sitio de IJNet.

Publicado por Knight Center for Journalism in the Americas (Universidad de Texas, Austin)